En un cambio histórico para la tradición católica del país, desde el 1° de enero, la Iglesia ya no recibe más un aporte económico del Estado para el pago de asignaciones mensuales a los obispos, sacerdotes y seminaristas. El anuncio lo hizo a finales de diciembre la Conferencia Episcopal Argentina en un comunicado, en el que informó que el último día hábil de 2023 concluyó el proceso que había iniciado hace cinco años para avanzar progresivamente con la renuncia a esa asignación mensual de $55.000 que recibían arzobispos y obispos de todo el país, auxiliares prevista en la ley 21.950. Según explicaron en la Secretaría de Culto, se trataba de un “complemento” que no se fue actualizando por inflación.
¿De cuánto fue el aporte estatal en 2023? Según figura en el Presupuesto nacional 2023 en el Programa 17 de “Registro y Sostenimiento De Cultos” del Ministerio de Relaciones Exteriores, la partida para el pago de las asignaciones a religiosos católicos fue de $188,7 millones, destinados a 153 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas. El año anterior, 2022, se había asignado una partida de $202 millones; en 2021 fue de 203,5 millones, en 2020, de 163 millones; en 2019, de $126,5 millones y en 2018, el año que la CEA votó comenzar con la reducción de ese aporte estatal para comenzar a autosustentarse, fue de $130,4 millones.
Para 2024, en el Presupuesto 2023 prorrogado por la actual gestión, la partida se redujo considerablemente: están previstos solo $285.404. El número de religiosos que figuran en el detalle de la Secretaría de Culto es ligeramente inferior al del año pasado: 143 obispos, 600 sacerdotes y 1.000 seminaristas.
La CEA informó también en su sitio web que, en una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto habilitó que los arzobispos y obispos que hubieran cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez pudieran solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, seguir recibiendo ese beneficio fijado en $98.000 por un acuerdo durante la gestión del ex secretario de Culto Guillermo Olivieri.
“Los eméritos percibían un monto, los obispos titulares recibían otro, y los auxiliares uno diferente. El estado transfería distintos montos. Lo que no se resigna ahora es el pago de los eméritos. Y ahora lo tiene que solicitar con ciertos requisitos”, explicaron fuentes de la Secretaría de Culto. Ese aporte económico del Estado -según la Iglesia Católica – era del 7% del volumen de fondos que maneja anualmente. “Al ser poca plata, la Iglesia propuso prescindir progresivamente de esa partida presupuestaria y reemplazarla por un aporte por sus fieles para lograr el autosostenimiento”, recordaron desde la Secretaría de Culto.
La decisión estuvo motivada por las críticas al sostenimiento estatal del culto católico, siendo que Argentina es un estado no confesional. En un principio, la Iglesia propuso que proviniera de las escuelas parroquiales. Finalmente, a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, de diciembre de 2018, se estableció que los establecimientos educativos públicos de gestión privada de titularidad o bajo la dirección de la Iglesia Católica podrían percibir una contribución en concepto de sostenimiento del culto, a cargo de los padres o responsables de los alumnos que asistan a los mismos.
El proceso de renuncia comenzó en 2018, al comenzar el debate de la ley de legalización del aborto durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se incrementaron los reclamos de terminar ese apoyo económico y avanzar en la separación del Estado de la iglesia. La renuncia al aporte del Estado fue aprobada en una asamblea plenaria de la CEA realizada en Pilar en noviembre de 2018.
El Programa 17 de la cartera de Relaciones Exteriores y Culto “ejecuta las medidas necesarias para el sostenimiento del culto católico apostólico romano que la Constitución Nacional de la República Argentina impone al Gobierno Federal a través de su art. Nº 2. Este sostenimiento no se manifiesta sólo como un reconocimiento de carácter honorífico o moral, sino que implica una concreta colaboración económica”, puede leerse en el texto del Presupuesto que incluye el detalle de los fondos para la Iglesia.
Ese apoyo, que en 2024 llegó prácticamente a su fin, quedó fijado por los decretos leyes de hace 40 años -( N° 21.950, N°22.950, N°22.162, N°22.430 y N°21.540 ), todos dictados en la última dictadura, que disponen regímenes especiales de asignaciones cuyo monto global se establece en base a número de obispos, seminaristas, parroquias de frontera y asignaciones vitalicias a sacerdotes y obispos eméritos”.
La Ley 21.950 establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de los arzobispos y obispos, equivalente al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. Pero -según explicaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores – ese monto se calculaba sobre el salario básico de un magistrado, sin ningún adicional, y además quedó “desactualizado” por la inflación.
A mitad del año pasado, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un proyecto de ley para derogar las leyes y decretos “orientados a sostener el pago de dietas, jubilaciones, viajes y otros privilegios por parte del Estado Nacional a miembros de la jerarquía eclesiástica”. La iniciativa fue firmada en soledad por la legisladora y nunca llegó a ser tratada en Diputados. En sus fundamentos, cita el artículo 2 de la Constitución que establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, y advierte que “desde gran parte de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, el mismo es entendido como una obligación de apoyo económico. Este mismo artículo es complementado por una serie de decretos-leyes que fueron impuestos por la última dictadura y cuya vigencia garantiza la transferencia de sumas millonarias a la institución católica que provienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, más allá de sus adscripciones y creencias específicas”.
Para Frade, si bien el monto del aporte estatal podría “parecer mínimo en la ecuación del PBI nacional”, su eliminación “supondría un cambio de carácter sustancial en áreas estratégicas del país y, desde luego, mucho más acuciantes, esto es, seguridad, vivienda, salud y educación. Se trata, en suma, de una secularización definitiva que se presenta actualmente como una deuda por demás demasiado tardía de nuestro Estado republicano, moderno y laico”.
La curia castrense
La decisión de la CEA no alcanza a la curia castrense ya que las remuneraciones de sus integrantes están reguladas por otra normativa y cobran directamente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, según le explicaron a Infobae en la Secretaría de Culto. “El vicariato castrense en Argentina fue creado en 1957, a partir del acuerdo entre el Estado Nacional y la Santa Sede de ese mismo año. Depende administrativamente de la Secretaría General de Presidencia, pero lo designa y lo remueve el Papa”, explicaron a Infobae.
El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, percibe un sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado, en tanto el obispo auxiliar o vicario castrense tiene una remuneración de $814.328 vicario general. La cifra corresponde a noviembre de 2023, según el detalle informado por la Secretaría de Empleo Público, dependiente de la jefatura de Gabinete, al que tuvo acceso Infobae. El sueldo del moderador de la curia es de $678.612; el del secretario general, de $511.674; el del asesor , de $356.960; el del coordinador administrativo, de $330.256; y el del secretario o notario de curia, de $285.014 mensuales.
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